EL DISCURSO EFICIENTISTA DE COSTA RICA Y LA PRIVATIZACIÓN DISFRAZADA DEL ESTADO

El paquete de reformas administrativas e institucionales impulsado por la administración de Laura Fernández apela a la retórica de la "modernización y eficiencia del gasto" para justificar el recorte de las capacidades regulatorias del Estado en materia laboral y ambiental.

Bajo la premisa de simplificar trámites para la atracción de inversiones privadas, se reducen las inspecciones laborales en fincas agrícolas y se debilitan los controles de impacto ecológico.

Paralelamente, las propuestas de venta de activos estatales emblemáticos, como el Banco de Costa Rica (BCR), se presentan como soluciones mágicas para reducir la deuda pública. Sin embargo, desprenderse de empresas públicas rentables que aportan utilidades anuales al fisco representa un pésimo negocio financiero que privará al Estado de ingresos permanentes en el futuro.

La ciudadanía costarricense no requiere el desmantelamiento de sus instituciones de control público ni la privatización de sus activos históricos, sino un Estado social democrático fuerte, transparente y con capacidad real para combatir la creciente desigualdad social y la infiltración del crimen organizado en la economía local.