EL NUEVO POPULISMO REACCIONARIO EN AMÉRICA LATINA

América Latina se encuentra una vez más en uno de sus tantos virajes políticos...

En las últimas semanas, el tablero electoral y la recomposición ideológica de la región han encendido las alarmas: nos enfrentamos al avance acelerado de una derecha populista y reaccionaria que promete milagros económicos y orden absoluto a cambio de sacrificar las instituciones democráticas y la equidad social. Conviene aclararlo de entrada para evitar lecturas sesgadas de nuestra opinión: Sabemos de sobra que la izquierda latinoamericana tampoco ha sido un dechado de institucionalidad ni de equidad social.

Esta nueva emergencia de la derecha en la región no surge de la nada. La frustración ciudadana ante la criminalidad, el estancamiento económico y la incapacidad de los gobiernos para cerrar las brechas de desigualdad han creado el caldo de cultivo perfecto. Sin embargo, las recetas de la nueva ola conservadora resultan inviables y han demostrado repetidamente sus deficiencias estructurales. Pretenden convencernos de que el progreso exige privatizar los bienes comunes, desmantelar controles ambientales, debilitar los derechos laborales y dar vía libre al capital especulativo bajo el dogma de la austeridad fiscal.

La historia de nuestro continente ya ha puesto a prueba este modelo con resultados deplorables. En el Chile de Augusto Pinochet, la desregulación extrema promovida por los Chicago Boys terminó desembocando en la devastadora crisis bancaria de 1982, donde el Estado tuvo que salir al rescate del sector privado mientras el desempleo superaba el 20%. En la Argentina de la Junta Militar (1976–1983), el programa de apertura desmedida y endeudamiento desarticuló el aparato productivo y sumió al país en la hiperinflación. Décadas más tarde, en la Bolivia de 2003, la insistencia en la privatización de los recursos estratégicos del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, desencadenó la Guerra del Gas, lo que colapsó la gobernabilidad democrática.

El espejismo del populismo de derecha apela al miedo, pero sus decisiones ejecutivas (congelar presupuestos universitarios, privatizar infraestructuras y empresas estratégicas y otorgar exenciones tributarias desmedidas a grandes corporaciones) descapitalizan al Estado, minan la soberanía y arrojan a millones de trabajadores a la informalidad.

A este fallido esquema económico se suma el peligroso retroceso en materia de derechos humanos que caracteriza a la derecha emergente. Hoy observamos cómo la promesa de "mano dura" se traduce en la suspensión indefinida de las garantías constitucionales, el atropello del debido proceso y las detenciones arbitrarias masivas. La experiencia reciente así lo demuestra: el gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia (2019–2020) recurrió a la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas, derivando en trágicas violaciones a los derechos humanos en Sacaba y Senkata. En el Brasil de Jair Bolsonaro (2019–2022), el desprecio por la institucionalidad se combinó con la negligencia sanitaria durante la pandemia y el desmantelamiento de la protección a los pueblos indígenas. Otro tanto podemos decir de las detenciones arbitrarias de “pandilleros” ordenadas por Bukele en El Salvador, que, si han sido un aparente “remedio agudo” para la inseguridad del país, han derivado en que el 2% de la población esté presa en ese país. Sí, como lo escuchan, 2%, 10 veces más que en cualquier otro país de la región y 20 veces más que en cualquier economía consolidada del mundo.

La seguridad ciudadana no se construye destruyendo el Estado de derecho ni arrasando con las libertades básicas. La paz duradera exige un Estado presente que articule la inteligencia institucional con la inclusión social y la generación de oportunidades para la juventud.

El desafío para los movimientos políticos progresistas no es menor. No basta con denunciar el autoritarismo reaccionario; es urgente construir una alternativa económica sólida, eficiente y profundamente democrática que responda a las necesidades inmediatas del bolsillo popular sin perder de vista el desarrollo sostenible en el largo plazo. La región necesita una reindustrialización con valor agregado, una transición energética justa y una fiscalidad progresiva.

América Latina no necesita caudillos que prometan incendiar el Estado para entregarlo al libre mercado o a potencias hegemónicas externas. La región exige más democracia, mayor integración y una economía al servicio de las mayorías.

Frente a la marea conservadora, la respuesta no debe ser el repliegue, sino la audacia de construir una prosperidad compartida donde la libertad económica jamás se consiga a expensas de la justicia social.