ELECCIONES EN VENEZUELA PARA EL 2028: ¿RECONSTRUIR EL PAÍS PARA VOTAR?

Celebrar elecciones sin las condiciones mínimas sería cumplir un requisito sin garantías de que la voluntad de la mayoría sea realmente respetada.  

El fijar un horizonte electoral realista para finales de 2027 o 2028 no significa rendirse ni plegarse a deseos oficialistas o de los gringos sino por el contrario, se trata de actuar estratégicamente para garantizar una transición política real y sostenible.

Sin reglas claras no hay resultados confiables

Antes de pensar en elecciones en Venezuela requerimos instituciones electorales independientes, con capacidad de arbitraje y decisión autónoma, totalmente separadas del ejecutivo.

En este sentido, requerimos un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia renovados que ante todo se ajusten a los principios constitucionales y que además satisfagan las expectativas de la mayoría de los venezolanos, así como de los principales actores del oficialismo y de la oposición.

Lo mencionado es parte de la agenda de encuentros y negociaciones entre la Asamblea Nacional actual y la Asamblea Nacional de 2015, todavía muy incipiente, y que debería lograrse en los siguientes meses.

Además, se requiere la revisión del estatus legal y habilitación de los candidatos que decidan hacer carrera electoral y de un registro electoral confiable con un padrón depurado y actualizado que incluya tanto a los venezolanos residentes en el país como aquellos que viven en el extranjero.

Obviamente, lo mencionado toma tiempo y sería ilusorio pretender re-institucionalizar y organizar a un país en menos de un año.

Comer antes que votar

¿Se puede pensar en campañas políticas cuando la preocupación diaria de una familia es si habrá luz, agua o algo para cenar?

La crisis que ha vivido y aún viven los venezolanos no es poca cosa: el 60% del ingreso de los hogares está destinado a gastos de subsistencia relacionados con alimentación y salud y el 90% a cosas tan básicas como el transporte, servicios públicos, educación y vivienda. Además, un 80% de los venezolanos enfrentan diariamente cortes de electricidad e inadecuado servicio de aguda y disposición sanitaria.

Obviamente, circunstancias tan penosas como las mencionadas poco espacio dan para el pensamiento y discernimiento político. Antes de someter al país al desgaste y gastos de un proceso electoral masivo, la prioridad del liderazgo político debería ser atender los aspectos económicos más básicos de los venezolanos.

La gente necesita que los servicios funcionen, que la inflación no se coma el salario en dos días y, sobre todo, que expresar una opinión política no signifique sacrificar el diario comer.

Votar desde la asfixia económica solo genera apatía, frustración y malas decisiones.

La participación internacional no se logra de un día para otro

Si se cuestiona la validez de las elecciones en Venezuela, se necesitaría de la comunidad internacional (Naciones Unidas, Unión Europea, Centro Carter) como observadores electorales.

Una observación internacional implica la auditaría del registro electoral y del software y de las máquinas meses antes. Asimismo, implica asegurar la habilitación de candidatos, la libertad de expresión y asegurar el acceso igualitario a los medios de comunicación de los candidatos y partidos políticos, y sin duda, proteger los votos hasta el último minuto.

Armar esa red de seguridad internacional de veedores exige negociaciones y acuerdos entre las partes políticas y con los propios entes observadores, lo que toma tiempo.

El horizonte 2028: de la improvisación a la estrategia

El año 2028 no es una fecha sacada del sombrero, ya que es el tiempo técnico y humano mínimo que requiere sanar las heridas más urgentes del país. Esto, daría un margen de un par de años para liberar a los presos políticos restantes y habilitar legalmente candidatos.

Además, pueden mejorarse un tanto más las condiciones de vida de los venezolanos, mientras es depurado el sistema electoral y se abre el registro a los venezolanos en el extranjero, así como se establecen acuerdos de gobernabilidad para que, gane quien gane, sea quien gobierne en nombre de las mayorías.