LA DOLARIZACIÓN DE VENEZUELA SE DISCUTE EN WASHINGTON Y SE CASTIGA EN CARACAS

En once días de agosto pasaron tres cosas que, por separado, parecen episodios menores de la política venezolana. Juntas cuentan otra historia, un debate económico que el país tiene prohibido dar en su propia Asamblea y que se está dando, mientras tanto, en un despacho de Washington.

El 21 de agosto, Efecto Cocuyo publicó que la Asamblea Nacional había contratado al economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, como asesor para aplicar esquemas de dolarización. Ese mismo día el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, lo desmintió ante Últimas Noticias con una frase que vale la pena leer entera "La noticia es tan descabellada, tan absurda, tan pueril y tan tonta, puesto que el manejo del signo monetario y los procesos macroeconómicos le corresponden al Ejecutivo Nacional y al Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, que decidí no prestarle mucha atención". Rodríguez añadió que la hiperinflación ya había sido derrotada y ordenó investigar el origen del reporte.

El 22 de agosto, según Bitácora Económica, la misma Asamblea destituyó al diputado Antonio Ecarri de la presidencia del grupo de amistad parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. El motivo fue precisamente esa propuesta: Rodríguez lo acusó de vulnerar el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates y el artículo 318 de la Constitución, que fija el bolívar como unidad monetaria del país. Ecarri respondió que un diputado tiene iniciativa legislativa, ratificó que trabaja con Hanke y devolvió el golpe con una cifra "Se han quemado más de 6.000 millones de dólares en mesas de cambio, sin resolver el problema de fondo", y añadió que sus críticos no presentan ninguna propuesta para cerrar el diferencial cambiario.

El 31 de agosto, Hanke declaró a La Patilla que su proyecto para dolarizar oficialmente Venezuela ya está en la Casa Blanca, entregado por solicitud directa de la administración de Donald Trump. El plan lo elaboró junto a Ecarri, el mismo diputado destituido nueve días antes por proponerlo. Hanke calcula entre 50 % y 80 % la probabilidad de que Venezuela adopte el dólar de forma oficial, y dijo que una decisión así debería contar con el respaldo de la ciudadanía. También reconoció que asesora la llamada Gran Estrategia del Dólar de esa administración, orientada a extender el uso internacional de la moneda estadounidense.

Lo que dice la ley y la realidad de la calle

El artículo 318 existe y es taxativo: el bolívar es la unidad monetaria de la República. Sobre el papel, esa es la razón por la que la dolarización formal no puede aprobarse sin reformar la Constitución. En la práctica, cualquiera que haya comprado algo en Caracas sabe que buena parte del comercio ya cotiza y cobra en divisas.

Esa distancia entre la norma y la calle es el verdadero asunto, y no se resuelve destituyendo a nadie. Una economía puede estar dolarizada de hecho sin estarlo de derecho, y eso tiene consecuencias concretas. La principal es que el país renuncia a decidir sobre su moneda sin dejar de sufrir las consecuencias de no tenerla: quien cobra en divisas se protege, y quien cobra en bolívares, es decir el empleado público, el maestro, el pensionado, absorbe cada movimiento del tipo de cambio con su salario.

Esto le importa más al país de lo que parece

Aquí está lo que nos preocupa. Una decisión de este tamaño, renunciar a la moneda propia, es de las más grandes que puede tomar un país. Afecta al ahorro, al salario, a la capacidad de responder a una crisis. Y merece discutirse en público, con datos sobre la mesa y con quienes van a vivir sus consecuencias.

Lo que muestran estas tres semanas es lo contrario. Dentro de Venezuela, el debate se cerró por vía disciplinaria: quien lo planteó perdió su cargo. Fuera, avanza en forma de documento entregado a un gobierno extranjero que tiene, además, un interés declarado en que más países usen su moneda. No hace falta compartir la propuesta de Ecarri y Hanke para ver el problema, cuando la discusión se prohíbe adentro, no desaparece, se muda.

Hay una asimetría que conviene nombrar. La Gran Estrategia del Dólar es, por definición, una política de interés estadounidense. Que un plan monetario para Venezuela se cocine dentro de ese marco no lo invalida, pero sí obliga a preguntar a quién beneficia primero y con qué contrapartidas. Esa pregunta no la puede responder un economista extranjero por bueno que sea, ni un gobierno que no es el venezolano.

Nosotros no defendemos ni descartamos la dolarización. Defendemos que se decida donde se debe y con quienes deben. Sostener que el bolívar es la única moneda mientras la gente compra en dólares no protege la soberanía monetaria: la deja sin discutir. Y cerrar el debate por reglamento no evita la dolarización, solo garantiza que llegue, si llega, sin que nadie haya podido opinar.