LA MAGISTRAL JUGADA LEGAL QUE RESGUARDA EL DINERO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO

Si algún académico te insiste en que las leyes constitucionales son inquebrantables, basta con mostrarle el poder persuasivo de 100.000 millones de dólares en inversión directa.

Para dotar de viabilidad a este gigantesco pacto petrolero corporativo, la Asamblea Nacional venezolana tuvo que tragar grueso y aprobar de manera expedita en enero de 2026 la que fue una controvertida Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Controvertida por unas pocas semanas, vale la pena aclarar.

En virtud de esta reforma de ley, se extinguió en segundos el dogma de que PDVSA debía mantener el control soberano a través de la posesión del “50% más uno” de las de las asociaciones petroleras, abriendo paso a los "Contratos de Participación Productiva" (CPP), los cuales otorgan al socio extranjero la mayoría en términos de propiedad, así como autonomía sobre la gestión, extracción y venta del crudo.

Además de la extinción de la soberanía dogmática, para recuperar la confianza mellada por las expropiaciones de la era 2007-2010 (que afectaron a gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips), el Estado venezolano renunció a su inmunidad en términos de arbitraje comercial. De hecho, los nuevos contratos se regirán por leyes de jurisdicciones foráneas (EE. UU., Reino Unido, Singapur) y cualquier disputa se someterá inexorablemente al arbitraje internacional independiente.

Aclaremos, que dada la conveniencia pragmática no solo cedió cuota de control y poder el gobierno venezolano, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también relajó las sanciones de la OFAC a través de las Licencias Generales 46, 47, 48C y 50B, que dictan qué empresas como Chevron, BP, Shell, Repsol, Eni y otras favorecidas por el Departamento de Estado podrán participar en el negocio petrolero de Venezuela

El milagro financiero de la Orden Ejecutiva 14373

• Visto de cerca, el nuevo acuerdo petrolero entre los Estados Unidos y Venezuela parece una confiscación regulatoria, en la que los venezolanos hemos tercerizado la gobernanza de nuestros recursos naturales. No obstante, la clara ventaja táctica del acuerdo y de las Órdenes Ejecutivas y Licencias Generales en torno al pacto petrolero, es que los ingresos derivados de este no pueden ser tocados por los acreedores de los bonos soberanos y otras deudas financieras y comerciales en default, así como de los laudos arbitrales pendientes. Bajo condiciones normales, los fondos buitres y acreedores que poseen dichas acreencias podrían embargar más de 200 millones de dólares de los proyectados derivados del acuerdo petrolero.

• La solución provino de Washington, ya que el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 14373, que establece un "ring-fencing" (blindaje) inexpugnable. Los ingresos petroleros venezolanos se depositan en cuentas custodiadas por el gobierno de Estados Unidos, declarando nulo e írrito cualquier intento de embargo por parte de acreedores privados.

Resulta pues lo mencionado una paradoja fascinante: los venezolanos cedimos la soberanía de nuestros hidrocarburos y de nuestros propios tribunales nacionales, pero el mismísimo Imperio actúa hoy como custodio y escudo protector en lo económico y hasta en lo político.

Esta nueva arquitectura regulatoria de Venezuela, así como de los Estados Unidos respecto a Venezuela, nos permite obviar una restructuración de deuda que hubiera sido obligatoria para la recuperación económica de Venezuela, garantizando que el flujo de caja petrolero llegue a las arcas para la reconstrucción del país, protegidos de los embargos internacionales.