¡Los fondos buitre ganan y la abuela sobraba! La vergüenza del caso Maricarmen

Mari Carmen Abascal tenía 87 años cuando fue desalojada de su vivienda en Madrid el 23 de septiembre. Falleció el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón.

Mari Cramen había pasado poco más de siete décadas en su hogar. La secuencia está documentada en todos los medios de comunicación, portales y RRSS. Asegurar que el desahucio causó su muerte exigiría pruebas médicas que será muy difícil sino imposible recaudar. No obstante, el no contar con pruebas médicas, no reduce la gravedad de lo ocurrido: una anciana vulnerable terminó expulsada de su hogar. 

Detrás de la palabra «mercado» había una anciana y un contrato de alquiler familiar. Según diferentes fuentes, la empresa propietaria del edificio donde vivía Mari Carmen consideró vencido el contrato de alquiler y exigió uno nuevo en virtud del cual el pago pasaría de 500 a 2.650 euros mensuales. Eso equivale a multiplicarlo por 5,3, un aumento del 430%. 

El desalojo se ejecutó tras cuatro intentos. Hubo movilizaciones y, posteriormente, un acuerdo que habría permitido su regreso. Mari Carmen murió antes de volver.

Su historia expone una pregunta difícil para cualquier sociedad: ¿qué protección efectiva tiene una persona vulnerable cuando pierde el lugar donde ha construido su vida. 

Las protestas llevaron la vivienda al centro del debate político. Se han hechoacampadas, medidas urgentes del Gobierno y el rechazo parlamentario de decretos relacionados con esta crisis. Conviene estudiar esa cronología sin convertir cada decisión política en una explicación única de una tragedia personal. A las instituciones les sobra rapidez para disputar responsabilidades ante los medios. No obstante, las discusiones y decisiones debieron darse antes de que una persona salga de su casa en camilla para terminar muerta tras dos semanas en un hospital.

Para una familia, una casa es descanso, arraigo y seguridad. Para un propietario, puede representar ingresos y responsabilidades. La propiedad tiene derechos y responsabilidades; la vejez merece protección efectiva. Desde una mirada progresista, dejar sin alternativa a una persona vulnerable es un fracaso público. Un contrato no debería servir de coartada para la indiferencia.

Hace falta ampliar la vivienda pública, atender a quienes enfrentan un desalojo y evaluar reglas contra los abusos y la especulación. Las medidas deben funcionar y evitar agravar la escasez. Pero esperar pasivamente a que el mercado resuelva cada emergencia es una política: la de dejar solos a quienes tienen menos poder.

Para nosotros, en Venezuela, la distancia geográfica no vuelve ajena esta historia. El envejecimiento, los ingresos insuficientes y la fragilidad de las redes familiares pueden convertir una crisis de vivienda en una emergencia humana. Planificar la vejez importa, pero exigir instituciones capaces de atender a quienes no pudieron ahorrar importa igualmente.

Mari Carmen merece ser recordada por su dignidad y su lucha. Su caso obliga a preguntar quién detectó su vulnerabilidad, qué alternativas reales existían y por qué la respuesta llegó tan tarde. Una sociedad puede tener edificios cada vez más valiosos y dejar a sus mayores cada vez más desprotegidos. Si una sociedad protege mejor la valorización de un inmueble que a una anciana vulnerable, tiene un problema moral y político. Mari Carmen obliga a mirarlo de frente.