WASHINGTON REABRIÓ LA LLAVE DEL CRUDO VENEZOLANO, PERO NOS MANTIENE AHORCADOS CON LAS SANCIONES

Desde el 3 de enero de 2026, la OFAC otorgó unmontón de licencias que han permitido resucitarlos taladros del país y disparar las proyecciones de crecimiento económico. No obstante, el país sigue esposado con las sanciones. Sin mecanismos que permitan la inserción de Venezuela en la economía global, el repunte petrolero podría quedarse en un espejismo de corto plazo.

En los campos petroleros del país, taladros que llevaban años parados volvieron a activarse. Por fin, la producción petrolera venezolana alcanzó entre los 1,2 millones de barriles diarios a mediados de 2026, el nivel más alto en siete años, muy por encima de los apenas 715.000 barriles diarios de 2022. No obstante,esta cifra sigue siendo menos de la mitad de los 2,1 millones de barriles diarios que el país producía hace una década.

Los interruptores que Washington tocó

Todo arrancó con la orden ejecutiva firmada el 9 de enero de 2026, (E.O. 14373), que creó un mecanismo financiero (Foreign Government Deposit Funds) para canalizar bajo control estadounidense el dinero del petróleo venezolano, en lo que constituye la legalización funcional del comercio petrolero venezolano bajo control regulatorio y financiero de Estados Unidos.

Veinte días después, llegó la pieza central del nuevo andamiaje, la Licencia General 46, que autoriza a "entidades estadounidenses establecidas" (constituidas en EE. UU. antes del 29 de enero de 2025) a comprar, exportar y refinar petróleo venezolano ya extraído, aunque sin permitir estudios geológicos, perforación de pozos ni negociaciones de inversión con PDVSA para desarrollar nuevos yacimientos.

De ahí en adelante, el ritmo no se detuvo, ya que apenas diez días después, la GL 46A amplió el radio de acción, y el 13 de marzo, llegó la GL 46B, ya con permiso explícito para operar directamente con el Gobierno venezolano y con PDVSA, cubriendo actividades de extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, almacenamiento, mercadeo y transporte, incluida la refinación.

El 13 de febrero, Washington destrabó a las grandes petroleras internacionales con las licencias 49 y 50, lo que permitió a las compañías energéticas globales reanudar sus operaciones de petróleo y gas en Venezuela, aunque con una línea roja infranqueable: nada de transacciones con empresas de Rusia, Irán o China, ni con entidades controladas conjuntamente por personas de esos países. Así, Chevron, BP, Eni, Repsol, Shell y Maurel & Prom quedaron habilitadas a operar bajo la GL 50A y sus sucesivas versiones.

El goteo de licencias siguió hasta junio, cuando un paquete integral de licencias (GL 50B, 47A, 48B, 51B y 54A) reemplazó directamente las directrices técnicas emitidas entre febrero y marzo, validando de forma específica la exportación, venta y transporte de petróleo venezolano y sus derivados petroquímicos con destino a Estados Unidos.

Apenas hace unas semanas, en septiembre, llegaron la GL 46D, la 50C y la 52B, que amplían aún más las transacciones permitidas con PDVSA, aunque sin comprender un levantamiento total de las sanciones ni permitir que cualquier empresa opere sin restricciones.

La GL 52B, la más reciente, amplía los tratos con PDVSA, pero sigue vetando a todo el que figure en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Además, la GL 51C, autoriza exportar minerales venezolanos (oro incluido) pero deja fuera la extracción y el procesamiento dentro del país.

Lo que sí cambia, en números

El efecto macroeconómico de las licencias de la OFAC se siente en las proyecciones, ya que el país podría crecer por encima del 10% en 2026 gracias al petróleo y al alivio de sanciones, aunque estas medidas "están lejos de garantizar una recuperación sostenida de la economía venezolana".

En definitiva, estamos ante una economía que vuelve a respirar por el mismo pulmón que la asfixió durante años: el crudo.

Lo que falta: el candado que Washington no ha abierto

Cada licencia repite, casi como un mantra, la misma advertencia: esto no es el fin de las sanciones, lo que junto con la cuestionable institucionalidad limita la confianza de los inversionistas y dificulta construir expectativas favorables a mediano y largo plazo.

Lo que las licencias sí permiten, el comprar y vender crudo ya extraído, importar diluyentes, dar mantenimiento y soporte técnico; es, en el fondo, mantener con vida una infraestructura de extracciónenvejecida. Lo que casi ninguna licencia autoriza todavía es lo que realmente dispararía el país: nueva inversión en exploración y producción. La propia OFAC lo aclaró por escrito en su hoja de preguntas frecuentes: la GL 46 no autoriza estudios geológicos, perforación de nuevos pozos ni negociaciones con PDVSA para desarrollar yacimiento.

Ahí está el verdadero reto pendiente. Mientras Washington siga tratando a Venezuela como un paciente en cuidados intensivos, con apenas oxígenopara sobrevivir, dado licencia por licencia, mes a mes,y no como un socio con el que se negocia un alivio estructural y sostenido, el repunte petrolero actualseguirá siendo lo que es hoy: una reanimación parcial, condicionada y reversible...