BUROCRACIA Y DESCONFIANZA AMENAZAN LA INVERSIÓN REGIONAL PARA 2027

La falta de seguridad jurídica, la burocracia y las dificultades en las consultas con comunidades locales se perfilan como los principales factores que podrían frenar la inversión en América Latina hacia 2027. Según un reporte publicado por Bloomberg Línea el 30 de septiembre de 2026, diversos asesores legales del bufete internacional Pérez-Llorca señalaron que estas debilidades institucionales erosionan la confianza de los inversionistas en grandes economías como México, Colombia y Perú.

La desconfianza ciudadana agrava este panorama. De acuerdo con datos de la OCDE citados por la firma de abogados, solo el 35 % de la población latinoamericana reporta una confianza alta o moderada en sus gobiernos nacionales. Esta debilidad institucional dificulta la legitimidad y la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo a largo plazo, ya que los cambios de criterio administrativo a mitad de camino y las consultas comunitarias mal documentadas suelen derivar en disputas legales entre las empresas y los Estados.

Esta situación coincide con un escenario de mayor selectividad por parte de los capitales globales. Según datos de TTR Data difundidos por Bloomberg Línea, América Latina y el Caribe recibió 194.233 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) (la llegada de capitales externos para crear empresas o adquirir activos locales) en 2025, lo que representó un leve incremento del 1,7 % respecto al año anterior. Sin embargo, los nuevos proyectos anunciados sufrieron una importante contracción: cayeron un 10,2 % en su cantidad total, mientras que su valor monetario se contrajo un 34,3 %, situándose en 114.100 millones de dólares.

La desaceleración en los anuncios de proyectos ensancha la brecha de desarrollo de la región. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que América Latina y el Caribe necesitará una inversión de 1,6 billones de dólares en infraestructura entre 2025 y 2030, lo que equivale a unos 266.000 millones de dólares anuales. Este requerimiento contrasta drásticamente con la realidad histórica de la región, donde la inversión efectiva promedió apenas un 1,7 % del PIB entre 2015 y 2023. Asimismo, según informó Infobae América, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, advirtió que solo para cerrar el déficit en obras de movilidad regional se requiere destinar el 1,3 % del PIB anual, enfrentando una brecha específica en transporte de 630.000 millones de dólares.

Hacia adelante, el flujo de capitales hacia la región no dependerá únicamente de la disponibilidad de recursos globales, sino de la capacidad de los países para ofrecer marcos normativos estables y modernos. La previsibilidad regulatoria y la gestión social eficiente de los proyectos serán determinantes para que los fondos de inversión se traduzcan en obras concretas y no queden paralizados en las fases de planificación.