DELCY RODRÍGUEZ CONVERSA CON HUMAN RIGHTS WATCH EN CARACAS SOBRE PLURALIDAD DE EXPRESIÓN

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el jueves en Caracas a representantes de Human Rights Watch, en un encuentro encabezado por el subdirector ejecutivo de la organización, Federico Borello, según informó el medio AlbertoNews. La reunión marca un hito en las relaciones bilaterales, ocurriendo dieciocho años después de que el gobierno venezolano expulsara en 2008 a José Miguel Vivanco, entonces director para las Américas de la misma entidad de derechos humanos.

El acercamiento se produce en el marco de los cambios políticos y económicos desencadenados tras la operación militar estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero. Durante el régimen anterior, caracterizado por una marcada concentración de poder y restricciones a la labor independiente, el país cerró los espacios para la veeduría externa y limitó la actividad de las organizaciones multilaterales dedicadas a la defensa de las garantías fundamentales.

Durante las conversaciones, la delegación y el gobierno venezolano abordaron la adopción de medidas destinadas a fomentar la pluralidad de expresión y consolidar un entorno de convivencia democrática, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por el medio. Asimismo, el diálogo buscó reafirmar el compromiso con el fortalecimiento de la paz, la diplomacia y el trabajo coordinado con organismos internacionales, en un contexto donde la administración interina enfrenta una fuerte presión desde Washington.

Desde su asunción al poder, la administración de Rodríguez ha excarcelado a numerosos presos políticos y ha anunciado planes para clausurar la prisión de El Helicoide, un recinto señalado por organizaciones internacionales como un centro sistemático de detenciones y abusos. Adicionalmente, el gobierno informó sobre el desbloqueo de diversos sitios de noticias que permanecieron censurados durante años en el ecosistema digital del país.

A pesar de estas señales de distensión, informes recientes de investigadores de Naciones Unidas advierten que el aparato de control estatal sigue operativo, lo que plantea interrogantes sobre la profundidad estructural de las reformas institucionales en marcha. Paralelamente, la administración actual ha impulsado una apertura de los sectores minero, petrolero y eléctrico al capital extranjero y privado para dinamizar la economía nacional.