GREMIO MINERO PRESENTA UNA HOJA DE RUTA CON DOCE CLAVES PARA ATRAER INVERSIONES A VENEZUELA

El portal web Descifrado informó el pasado 7 de septiembre de 2026 que la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, en colaboración con el consultor Oswaldo J. Ruiz, presentó una propuesta estratégica de doce puntos clave para reactivar la minería en el país. El planteamiento busca establecer condiciones mínimas que permitan transformar los recursos del subsuelo en proyectos reales y viables.

La propuesta surge en un momento donde la minería global exige altos estándares de seguridad jurídica, transparencia y cumplimiento de normativas internacionales. Para que un proyecto extractivo sea viable en la actualidad, no basta con tener yacimientos ricos; se requiere un marco legal claro que proteja contra la expropiación, garantice títulos de tenencia transferibles y defina de forma predecible el pago de regalías e impuestos con el gobierno.

Atraer capitales a la minería venezolana implica navegar un entorno financiero complejo. De acuerdo con las estimaciones del académico Aswath Damodaran, de la Universidad de Nueva York (NYU Stern), actualizadas al 1 de enero de 2026, Venezuela cuenta con una calificación soberana de C y una prima de riesgo país del 26,66 %. Estos indicadores reflejan el enorme costo de financiamiento y la necesidad de ofrecer garantías sólidas para convencer a los inversionistas internacionales de ingresar al mercado local.

En la práctica, la falta de un marco institucional robusto afecta tanto a los inversionistas, que temen perder su capital, como a las comunidades locales, que quedan expuestas a la minería informal y sin regulación. Un modelo ordenado y transparente permitiría canalizar recursos hacia el desarrollo de infraestructura y la protección social, reduciendo la dependencia del rentismo petrolero tradicional.

En los próximos meses, el foco estará puesto en la disposición de las autoridades para acoger estas recomendaciones gremiales y avanzar en reformas legales concretas. El éxito de esta hoja de ruta dependerá de que se logre un equilibrio real entre la soberanía del Estado sobre sus recursos y las garantías operativas que exigen los mercados globales.